La reforma constitucional unifica criterios para combatir la impunidad y proteger a las víctimas a nivel nacional.
Este 23 de abril, la reforma al artículo 73 constitucional en materia de feminicidio alcanzó la validación de 17 Congresos Locales, cumpliendo con la mayoría necesaria para que el Congreso de la Unión expida la primera Ley General contra este delito. Los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán dieron luz verde a la iniciativa presentada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy. Este paso jurídico permite que el país transite hacia un marco legal único, eliminando las discrepancias normativas que actualmente dificultan la justicia en diversas entidades.
El núcleo de esta nueva ley reside en la homologación del tipo penal, estableciendo nueve razones de género claras, como la violencia sexual previa y las relaciones de poder. Las sanciones serán de las más severas en el sistema penal mexicano, con penas que oscilan entre los 40 y 70 años de prisión. Además, se incluyen 21 agravantes específicas para casos donde las víctimas sean niñas, adultas mayores o personas con discapacidad. Un cambio fundamental en el protocolo de actuación será la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la premisa de feminicidio desde el inicio, garantizando que la persecución del delito y la reparación del daño sean imprescriptibles.
Más allá de las penas corporales, la Ley General busca una protección integral de los derechos de las víctimas indirectas. El proyecto contempla que los agresores pierdan de inmediato derechos sucesorios, patria potestad y tutela, evitando que mantengan vínculos legales con la familia de la víctima. Asimismo, se creará un registro nacional de menores en orfandad por feminicidio y se fortalecerán las fiscalías especializadas en todo el territorio nacional. Finalmente, la ley establece lineamientos para que plataformas digitales eviten la difusión de imágenes o contenidos que revictimicen a las mujeres, combatiendo la apología de la violencia en el espacio digital.
